16 de noviembre de 2016

La LOMCE se resquebraja a la espera de un nuevo Pacto Educativo

La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) se tambalea, tan solo hace cinco meses que se implantaron las últimas medidas de la famosa “Ley Wert” pero el pleno del Congreso ha decidido echar atrás el proceso. Esta decisión afecta principalmente a las nuevas evaluaciones de ESO y Bachillerato, conocidas como reválidas, que no tendrán efectos académicos y servirán como prueba de acceso a la universidad.

Con la negativa del Ejecutivo, el Grupo Parlamentario Socialista ha conseguido colar la paralización del calendario de la LOMCE en el Congreso. Con 208 síes, 133 noes y 2 abstenciones, la tramitación ordinaria de la Propuesta de Ley comenzará con una presentación, un debate y una votación de enmiendas parciales en la Comisión de Educación. El ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, ha explicado que “se espera un proceso largo para modificar una Ley Orgánica”.

A su vez, ha anunciado que convocará la Conferencia Sectorial de Educación el próximo 28 de noviembre para suspender los efectos académicos de las reválidas, “como ya teníamos planeado”, añade intentando quitarle importancia a la PL de suspensión que se debatió en el Congreso.

La proposición de ley “es el punto de partida”, según fuentes socialistas, para una reforma que incluye la vuelta a la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), una oposición a la evaluación de 6º de Primaria y a las reválidas de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, quitar el valor académico a la asignatura de religión, la vuelta del nombramiento de directores a través de los consejos escolares, posibilitar la titulación en la ESO de quienes sigan los programas de Formación Profesional Básica, y que los centros que separan a los alumnos por sexos no se financien con fondos públicos. Todo esto se debatirá en la Subcomisión de Educación que se creará para poner en marcha el proceso.

A pesar de que el Partido Popular se opone a esta reforma, los cambios anunciados por Mariano Rajoy en el debate de investidura no distan mucho de esta propuesta: este curso las reválidas no iban a ser vinculantes para obtener la titulación. Pero la polémica se estaba alimentando tras comenzar el curso 2016/17 con un Gobierno en funciones, sin las pruebas por especificar, un Consejo Escolar incompleto y los alumnos de Formación Profesional en ascuas.

El debate de esta iniciativa fue vetado el pasado mes de octubre por el Gobierno, al considerar que iba a suponer una pérdida de ingresos de casi 615 millones de euros, provenientes de Fondos Europeos. El Ejecutivo alegaba que la paralización de la LOMCE le llevaría a asumir dicha cantidad de las arcas del Estado, en compromiso con lo invertido hasta ahora por las comunidades autónomas para ponerla en marcha. Sandra Moneo Díez del Partido Popular, en su intervención en el debate de ayer criticó a la oposición acusándoles de “querer volver a una ley derogada” y “dejar a miles de familias en la incertidumbre”.


La nueva ley de consenso y el Pacto Educativo

Otra ley educativa fallida. Méndez de Vigo ha cambiado la política poco dialogante de Wert para empezar a debatir y consensuar con todos los actores educativos implicados. “El objetivo es crear un Pacto Nacional por la Educación en España en menos de seis meses”, explica De Vigo, contando con las asociaciones de padres, asociaciones de estudiantes, sindicatos educativos, patronales de la enseñanza, inspectores, presidentes de los consejos escolares autonómicos o CRUE-Universidades Españolas.

Las reuniones comenzaron el pasado 19 de septiembre en las cuales los sindicatos de estudiantes han tenido la oportunidad de presentar sus propuestas así como las asociaciones de padres y profesores.

Fue la semana pasada cuando De Vigo se reunión con PSOE y Ciudadanos para seguir las negociaciones. El titular de Educación no es partidario de derogar la LOMCE si no de crear “algo nuevo”, como ya indicó tras la investidura de Mariano Rajoy. El objetivo, según ha reiterado, es que las medidas que se acuerden duren, al menos, 15 años.

La actitud negociadora de PSOE y Ciudadanos con el Gobierno ha quedado clara tras la intervención de Manuel Cruz Rodríguez (PSOE), que ha ofrecido su ayuda a De Vigo para “solventar el marrón que le ha dejado Wert y trabajar juntos”.

Los retos de Méndez de Vigo

En el ámbito universitario queda también pendiente la reforma anunciada por el exministro Wert que quedó en un cajón. Solo se han aprobado tres decretos que afectan a la educación superior, entre ellos, el conocido como 3+2, que permite reducir un año los grados y aumentar los másteres.

Sobre esta normativa, que ha provocado el rechazo de la comunidad educativa, los rectores de CRUE Universidades Españolas han logrado demorar su aplicación hasta consensuar un listado de títulos intocables con el Ministerio de Educación para que exista cierta homogeneidad en la oferta académica de las universidades españolas. Este pacto se materializará en una orden ministerial próximamente.

Otro de los objetivos de la legislatura en materia educativa tiene que ver con la reducción de la tasa de abandono escolar temprano que se sitúa en casi el 20%. La Unión Europea ha fijado para España bajar al 15% en 2020.

La subida de las tasas universitarias y la diferencia de precios entre comunidades autónomas tras la aprobación en 2012 del decreto de recortes, que permitió subir los precios públicos de los estudios universitarios, es otro de los asuntos a los que el Ejecutivo tiene que hacer frente en esta nueva etapa. También bajar el precio de los másteres para reducir la brecha con el de los grados.

El Gobierno tendrá que impulsar más medidas contra el acoso escolar. Aunque aprobó a principios de 2016 un Plan de Convivencia Escolar, la única iniciativa que ha puesto en marcha desde entonces es el teléfono contra el bullying el pasado 1 de noviembre, del que tendrá que informar de forma periódica. En base a esta nueva herramienta, el Ministerio de Educación podrá actualizar los datos de acoso escolar ya que los últimos son de 2010.

La introducción de cambios en el sistema de gobernanza de las universidades es otro de los temas que han quedado pendientes, tal y como Rajoy admitió en el último discurso de investidura, en el que propuso cambios.

Desde la Transición, España ha pasado por cinco leyes educativas distintas en menos de cuatro décadas: La LOECE en 1980, la LODEen 1985, la LOGSE en 1990, la LOE en 2006, y la LOMCE en 2013. Según las nuevas fechas impuestas por el Ministerio de Educación, en mayo de 2017 asistiríamos a un escenario educativo distinto. Será una tarea dura para De Vigo que todavía tiene que luchar contra huelgas de estudiantes -la próxima convocada para el 24 de noviembre- y la crispación del resto de partidos políticos.

Fuente periodística: Diario BEZ (http://www.bez.es/76635946/LOMCE-resquebraja-espera-nuevo-Pacto-Educativo.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=20&tipo=3&identificador=76635946&id_boletin=226950090&cod_suscriptor=756691273)