2 de septiembre de 2015

Un tercio de las familias españolas no van a poder afrontar los gastos de ‘la vuelta al cole’

Según los datos aportados por la CEAPA (Confederación de Padres de Alumnos) un tercio de las familias no podrán hacer frente al gasto que supone la vuelta al cole. La subida del IVA del material escolar y del IPC de los libros, la retirada de ayudas por parte de las instituciones o la obligación de comprar nuevos libros por la LOMCE son algunos de los motivos.
Los diferentes diarios de carácter local y regional han realizado estudios para calcular el gasto que supone la llamada “vuelta al cole” para las familias. La mayoría se mueven entre los 400 y los 800 euros, dependiendo de en qué comunidad se estudie y si, además, hay algunos gastos “extra” como uniforme, tasas en el colegio…
“La vuelta al cole”, por lo tanto, supone desembolsar prácticamente un sueldo entero sólo en material escolar. Hasta ahora el gasto podía asumirse por distintos motivos. En primer lugar, tanto el Gobierno central como los gobiernos regionales disponían de una serie de ayudas para las familias con menos recursos.
Según denuncia la propia CEAPA las ayudas de las Comunidades Autónomas se han reducido en un 75%. A eso hay que sumarle la reducción del 60% del Gobierno central. Sin ir más lejos, en el curso 2011-2012 casi un millón de familias se beneficiaron de estas ayudas. Al curso siguiente (curiosamente, el año del primer gran tasazo) 396.000 familias recibieron estas ayudas.
Por si ello fuera poco el precio de los libros y del material escolar ha ido aumentando. Esto es debido, en primer lugar, al aumento del IVA del material escolar al 21% y también un incremento del IPC de los libros de un 2,3%.
Ante la falta de ayudas y el incremento del gasto muchas familias optaban por crear los llamados “bancos de libros” donde son los propios particulares los que regalan los libros de cursos anteriores y, a cambio, pueden acceder a libros de segunda mano de los cursos que van a iniciar de manera totalmente gratuita. Desgraciadamente, la entrada en vigor de la LOMCE que ha obligado a modificar 180 asignaturas, impide esta práctica.
Ya se viene denunciando, de un tiempo a esta parte, que las editoriales cambian cada poco tiempo (normalmente cada dos años) el contenido de sus libros para obligar a las familias a adquirirlos de nuevo. Normalmente esos cambios solían ser pequeñas modificaciones como alterar el orden de los temas o incluir algún apartado más. Pero con el cambio de la Ley Orgánica que regula la educación de primaria y secundaria el cambio ha sido radical. Los cursos que ya aplican la LOMCE mandan los libros de texto del curso anterior al cubo de la basura.
La realidad es que, ya sea por la reducción de ayudas, el incremento del precio de los libros o la imposibilidad de pasar los libros de una familia a otra (o una combinación de todas ellas) es cada vez más difícil afrontar estos gastos. Así, la CEAPA ha calculado que una de cada tres familias no va a poder afrontar los gastos que suponen “la vuelta al cole”.
Esta situación supone otro ataque a la educación y, especialmente, al acceso a la educación de una parte de la población. En este caso no estamos hablando de un ataque directo al acceso como puede suponer la subida de tasas o la eliminación de plazas.
Con esta situación aunque los alumnos puedan acceder al colegio o al instituto no van a tener los materiales necesarios para poder afrontar con garantías las pruebas y exámenes. Eso supone no sólo otra manera de expulsión sino que además va a constituir un elemento más para construir un discurso en contra de los estudiantes con recursos más modestos. Pues sin libros o con libros desactualizados los jóvenes no van a poder aprobar o lo tendrán muy difícil. Así, las estadísticas van a mostrar que los niños hijos de trabajadores suspenden más y obtienen peores calificaciones; un gran motivo para retirar becas y ayudas.
Finalmente en esta cuestión se esconden grandes intereses económicos de las editoriales. Como ya denunció la CEAPA cuando había dinero en las arcas públicas el Estado se dedicó a dar ayudas para comprar libros en vez de fomentar bancos de libros de carácter público.